Análisis crítico de la evaluación institucional desarrollada en el sistema educativo salvadoreño.

La pregunta planteada por Bolívar (2006) al respecto de cómo hacer gobernable la enseñanza, es decir, cómo desde la política educativa se puede influir positivamente en lo que se hace en el aula, ha llevado a proponer la evaluación institucional como una vía que promueva y posibilite la mejora del sistema educativo.  En este sentido, la evaluación institucional desempeña una función de primer orden, en cuanto elemento de información valorativa sobre el estado de la educación brindada por un determinado centro (Tiana, 1996).

En El Salvador, la necesidad de esta evaluación ha sido señalada por diferentes legislaciones; así, la Ley General de Educación (1996) plantea que la evaluación es un proceso integral y permanente, que deberá apoyar la toma de decisiones para mejorar la calidad, eficiencia y eficacia del sistema educativo.

No obstante, a pesar de estas orientaciones legales, el Ministerio de Educación (2015) reconoce que no se ha podido establecer un organismo permanente de evaluación educativa, y admite, a su vez, que no se han dado avances significativos en la evaluación de la gestión institucional. De ahí que se reconozca la necesidad de implementación de un sistema nacional de evaluación educativa, como uno de los momentos fundamentales en la ruta de la superación del atraso secular del sistema educativo público; y como se señaló con anterioridad, un aspecto central de este proceso de evaluación educativa es el concepto de calidad, que funciona como marco normativo para la crítica del sistema educativo (MINED, 2015).

A pesar de las deficiencias mencionadas a nivel de evaluación institucional en el país, en la búsqueda de la calidad sí se han establecido algunos procesos de evaluación institucional. Se debe reconocer que estos procesos de evaluación están dirigidos principalmente a centros educativos privados, mientras que la educación pública ha sido dejada de lado cuando debería ser una de las preocupaciones centrales de los gobiernos. No obstante, vale también la pena retomar estos modelos de evaluación aplicados en el país como punto de partida para consolidar procesos más sistemáticos, integrales e integradores de evaluación institucional.

En relación a lo anterior, en el artículo 45 de la Ley de Educación Superior se afirma que el Ministerio de Educación, con el fin de comprobar la calidad académica de las instituciones de educación superior o de sus carreras, desarrollará procesos de evaluación de las mismas, por lo menos una vez cada tres años, para lo cual podrá contratar los servicios de expertos independientes. En concordancia con esto, uno de los proyectos de evaluación institucional establecidos por el Ministerio de Educación (MINED, 2010) es el Sistema de supervisión y mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior, y en el subsistema referido a la Evaluación se sostiene que, ésta es una herramienta que se ofrece a las instituciones de educación superior como una oportunidad para mejorar la calidad de los servicios educativos y procesos académicos que se ofrecen.

En párrafos anteriores se ha venido insistiendo en la evaluación institucional como un mecanismo importante para la mejora de la calidad. Esto es evidenciado también a partir de la Experiencia de evaluación institucional desarrollada por el MINED (2012) referente a la Acreditación de Centros Educativos Privados, cuya evaluación incluye  todo lo relacionado a los elementos que de manera externa deberán evaluarse, pero haciendo referencia también a la autoevaluación para garantizar el buen funcionamiento y calidad de los servicios que ofrece la institución educativa, como una estrategia interna de valoración  para la toma de decisiones.

A pesar de que en ambos  modelos de evaluación institucional desarrollados en el país se hace referencia al análisis externo de la calidad educativa del centro, también en ambos se valora la autoevaluación como el proceso de análisis objetivo, sistemático y continuo, organizado y efectuado en las instituciones por un equipo interno de profesionales o agentes internos de la propia institución (MINED, 2010), un proceso que no puede ausentarse de la evaluación institucional en su totalidad, aunque en algunos ejercicios tome más peso que en otros.

En este sentido, se sostiene firmemente que si el país desea avanzar en el establecimiento de un sistema de evaluación institucional debe tomar conciencia de esta doble vía evaluativa, de análisis interno y externo, las cuales deben integrarse con miras a lograr una valoración más completa de la calidad educativa brindada por las instituciones, como una forma de abarcar de manera más certera los puntos de mejora, pues como plantea Bolívar (2006), la capacidad para mejorar precede a las demandas externas de rendimiento de cuentas.

De tal forma, la evaluación interna constituye el punto de partida de la evaluación externa, proporcionando una base para comprender de modo específico el establecimiento escolar, y realizar valoraciones posteriores desde una perspectiva exterior donde se priorice la ética y el profesionalismo por parte de los evaluadores. Si esta integración es lograda, la evaluación institucional de los centros se constituye en un proceso y un espacio de confluencia, dirigida a la valoración de la eficiencia en los recursos, de la eficacia en el logro de resultados, y la valoración que conduce a la  mejora interna de la propia organización. Así, la necesidad de una determinada institución por dar cuenta de sus propios resultados se combina con rendirse cuenta de sus propios avances, para tomar medidas a nivel local.

No obstante, nos advierte Bolívar (2006), con lo anterior deberá mantenerse siempre un equilibrio entre la tendencia a universalizar condiciones y la variabilidad y particularidad de cada centro escolar; de manera que exista una  adecuada combinación de exigencias externas con dispositivos que desarrollan la capacidad interna.

Por ello, aunque la evaluación educativa, en muchas ocasiones, ha sido un instrumento al servicio de políticas educativas neoliberales y de propósitos desreguladores (Tiana, 1996), o incluso en el país, ha estado ligada a intereses personales o partidarios, y aunque los dos modelos de evaluación antes mencionados puedan tener también alguno de estos vicios, no debe adoptarse una postura fatalista y desechar la evaluación como herramienta poderosa. De ahí que, como sostiene Tiana (1996) es vital reconocer la influencia de la evaluación en la conducción de los procesos de cambio y reforzarla para cumplir este fin; de lo contrario ésta será tomada como un requisito a cumplir y no como una herramienta necesaria para la mejora.

Como plantea Tiana (1996) este uso viciado es sólo uno de los posibles usos que puede darse a la evaluación; por tanto, es responsabilidad de los diferentes actores educativos exigir el uso adecuado de la evaluación, pues el conocimiento del  logro de los objetivos de un sistema educativo es una tarea que, en democracia, compete a todos los ciudadanos. De tal forma, es también tarea de todos responsabilizarse por el trabajo pendiente en materia de la calidad educativa que se exige a las diferentes instituciones educativas, y en este sentido devolver a la evaluación institucional su utilidad más amplia, combinando las perspectivas interna y externa, de manera que contribuya de manera más amplia a la toma de las decisiones adecuadas en favor de una mejora constante.

Referencias

Bolívar, A. (2006). Evaluación institucional: entre el rendimiento de cuentas y la mejora interna. Gest. Ação, Salvador, 9(1), 37-60.

Ley N° 468. Ley de Educación Superior. Diario Oficial de la República de El Salvador, San Salvador, El Salvador, 10 de noviembre de 2004.

Ley N° 468. Ley General de Educación. Diario Oficial de la República de El Salvador, San Salvador, El Salvador, 21 de diciembre                de 1996.

MINED. (2010). Sistema de supervisión y mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior de El Salvador. Subsistema de Evaluación: Manual para la preparación del Informe de Autoevaluación. El Salvador: MINED.

INED. (2012).  Manual de Aplicación del Instructivo para la Acreditación de Centros Educativos Privados. El Salvador: MINED.

MINED. (2015). Sistema Nacional de Evaluación: Gestión 2014-2019. San Salvador, El Salvador. MINED.

Tiana, A. (1996). La evaluación de los sistemas educativos. Revista iberoamericana de educación, 10: 37-61.

Calidad educativa desde la perspectiva de las “escuelas que aprenden”: Integración del rol educativo y social de la escuela. 

Peter Senge (2002) plantea que, si queremos que el mundo mejore, necesitamos escuelas que aprendan. Tal planteamiento es claro y directo, sin embargo no es igualmente directo, ni mucho menos sencillo, el camino a seguir para que dichas escuelas puedan aprender a aprender. Lo anterior se vuelve aún más complejo cuando se agrega que “aprender es a la vez un proceso hondamente personal e inherentemente social, pues nos conecta no sólo con el conocimiento en abstracto, sino con nuestros semejantes”.

No obstante, actualmente al hablar de escuelas nos encontramos con instituciones sociales bajo tensión que se enfrentan con la necesidad de evolucionar, pues adolecen del reconocimiento de esta visión sistémica y social del aprendizaje (Senge, 2002). Al respecto, Senge (2002) sostiene que este estado actual es el resultado del sistema escolar de la era industrial hecho a imagen de la línea de montaje, el cual tácitamente identificó al estudiante como producto más que como creador del aprendizaje, como objeto pasivo al cual le da forma un proceso educativo en el cual éste no tiene influencia.

Para superar este impase, las escuelas deben rehacerse, revitalizarse y renovarse en forma sostenida. Y, es en este punto donde se identifica la evaluación institucional como un aspecto central de tal evolución, pues, como afirman Murillo, Román y Hernández-Castilla (2011), la evaluación se convierte en un proceso clave para acompañar los propósitos y caminos de la educación hacia las metas del sistema educativo de un país. Esto implica la necesidad de incluir y discutir la evaluación como una pieza fundamental en el debate respecto al tipo de educación que debe darse desde los sistemas para avanzar en la construcción de sociedades más justas, participativas y democráticas; y en este sentido se permitan a sí mismas aprender a aprender, para dar paso a una educación de calidad.

Como menciona Senge (2002), todas las escuelas y situaciones son únicas y requieren su propia combinación de teorías, técnicas y métodos para aprender; sin embargo, es importante reflexionar cuál tendría que ser el foco general y común  de la evaluación institucional que busque la mejora de la escuela con el fin de ofrecer una educación de calidad. Y, debido a que la escuela impulsa un determinado rol social (Contreras, 2004), si se pretenden lograr mejoras significativas en las escuelas, además del elemento propiamente académico la teoría subyacente a esta evaluación debería también incluir el papel social de la escuela, como fundamento para una propuesta integral y sistémica de la educación.

Sobre esto, Senge (2002) asegura que los niños siempre necesitarán lugares seguros para aprender, pero además necesitarán lugares seguros  donde efectuar la transición del hogar de la infancia a la amplia sociedad de pares y adultos. Desde esta perspectiva, la escuela se constituye en un punto de apoyo para el cambio educativo pero también para el social; y, por tanto, para lograr sus metas y objetivos deberá estimar ambos elementos de manera holista.

Esta visión integral conlleva a su vez a que la escuela valore la interdependencia de los tres sistemas propuestos también por Senge (2002), el salón de clase, la escuela y la comunidad, como elementos que interactúan entre sí con patrones de recíproca influencia; de tal manera que, en cualquier esfuerzo por fomentar escuelas que aprenden, los cambios sean conducidos por acciones que se verifiquen en los tres niveles. En este sentido, la aplicación de las cinco disciplinas del aprendizaje propuestas por el mismo autor, dominio personal, seguimiento de una visión compartida, análisis de los modelos mentales, aprendizaje en equipo y pensamiento sistémico, también se convierten en ayuda genuina para hacer frente a los problemas y presiones que se encuentran en la escuela al ser aplicadas simultáneamente en los mismos tres niveles, desde una perspectiva que incluya lo propiamente educativo pero también el aspecto social.

Esto implica que, si se quiere mejorar un sistema escolar, antes de alterar las reglas hay que observar cómo piensan y actúan los individuos colectivamente; esto es superar la visión reduccionista que responsabiliza a individuos y pasar a una visión más amplia, en donde se reconozca que las políticas y las reglas no van a resolver por sí solas los problemas de las escuelas, sino que dicha solución parte de reconocer las redes de influencia entre los tres elementos (aula, escuela y comunidad), y el trabajo por fortalecerlas y responsabilizar a todos los involucrados. Esto implica, a su vez, apostarle al poder de una visión más amplia y compartida entre la función educativa y social de la escuela, como fuerza motriz del mejoramiento de las mismas (Senge, 2002).

Por tanto, con los planteamientos anteriores se insiste en la incidencia del factor social en las escuelas, sin centrarse únicamente en el aprendizaje de meros conocimientos cognitivos. No obstante, como sostienen Pérez (2009), el proceso de socialización de las nuevas generaciones ni es tan simple ni puede ser caracterizado de modo lineal o mecánico, ni en la sociedad ni en la escuela. Por lo tanto, para avanzar en este sentido es vital movernos de este sistema escolar de la era industrial hacia nuevas formas de concebir a las escuelas.

Así, a partir de este texto se propone que la evaluación institucional tiene un papel central en todo este proceso de actualización escolar, puesto que como aspecto integral del proceso enseñanza-aprendizaje ofrece la posibilidad de generar información relevante que se analice para retroalimentar y mejorar el impacto de las escuelas en la calidad de la educación que brindan, reconociendo que todo aprendizaje es tanto social como individual.

En este sentido, tal como sostiene Pérez (2009), el delicado equilibrio de la convivencia en las sociedades que conocemos a lo largo de la historia requiere tanto la conservación como el cambio, y lo mismo ocurre con el frágil equilibrio de la estructura social de la escuela como complejo grupo humano, así como con las relaciones entre ésta y las demás instancias primarias de la sociedad. Por tanto, el avance educativo sólo será posible si se reconoce que la escuela tiene la tarea importantísima de recuperar su posición como institución social haciendo la propia vida de los estudiantes el centro de su aprendizaje, lo cual requiere volver a conectarse con la educación como proceso social. Es decir, reconocer y trabajar porque la escuela promueva aquel tipo de aprendizaje que ocurre en las situaciones del vivir cotidiano, y este cambio sólo se logrará admitiendo que las instituciones que favorecen el aprender deben estar integradas con el funcionamiento de la sociedad en general (Senge, 2002).

Referencias

Contreras, M. (2004). El rol social de la escuela: individuo versus ciudadano .Barbecho: revista de reflexión socioeducativa, (4), 28-32.

Murillo, J., Román, M., y Hernández-Castilla, R. (2011). Evaluación educativa para la justicia social. Revista Iberoamericana de evaluación educativa, 4(1), 7-22.

Pérez, Á. (2009). Las funciones sociales de la escuela: de la reproducción a la reconstrucción crítica del conocimiento y la experiencia. Boletín del Foro Latinoamericano de Políticas Educativas, 6 (27). Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Argentina/lpp/20100324022908/9.pdf.

Senge, P. (2002). Escuelas que aprenden. Bogotá: Norma.